¿Se puede anular un presupuesto comercial firmado?
El presupuesto comercial es un documento en el que se especifica el importe de los productos o servicios que solicita un cliente a una empresa. Del presupuesto comercial derivan una serie de consideraciones legales a partir del momento en el que ambas partes firman. Este documento suele ser el paso previo al cierre de una venta cuya transacción supone un producto o servicio personalizado y por tanto no se rige a tarifas o precios estándar fijados por el mercado.
Cuando un cliente solicite un presupuesto hay que tener en cuenta que posiblemente se encuentre en un proceso de comparación entre las diversas ofertas que haya recibido y por ello hay que presentarle un presupuesto comercial donde se incluya con el mayor detalle posible todas las características y condiciones relacionadas con el producto o servicio para que quede constancia por escrito.
Derecho de desistimiento
Cuando un cliente firma un presupuesto se entiende aceptado por ambas partes y tiene la misma validez que un contrato comprometiendo tanto a cliente como a proveedor a cumplir con las condiciones establecidas en el presupuesto, no obstante, la Ley General para la Defensa de los Consumidores (LGDCU) establece y regula el derecho de desistimiento.
Este derecho asiste al cliente permitiéndole dejar sin efecto el contrato celebrado, siendo notificada la otra parte en el plazo establecido para ejercer tal derecho sin necesidad de justificar la decisión y sin ninguna penalización. Esto conlleva a que el cliente o contratante tiene la facultad de rescindir un contrato con el que se ha comprometido siempre y cuando no se haya puesto en marcha.
De ningún modo se podrá establecer ninguna cláusula en el presupuesto comercial de renuncia a este derecho ya que se considerará nula en pleno derecho.
Para ejercer el derecho de desistimiento no es necesario reunir ningún requisito o formalidad.
Aunque la ley no establezca límites muy estrictos para ejercer tal derecho sí determina un plazo para poder hacer uso del mismo. El cliente dispone de un plazo mínimo de 7 días hábiles para ejercerlo según esta ley.
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